Preocupación en el Constitucional ante una renovación que retrasaría los recursos del 'procés'

La decisión de los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido de apartarse de las deliberaciones de esos recursos y el riesgo de que la entrada de otros pudiera desembocar en nuevas recusaciones aconsejan, opinan, dejar las cosas como están hasta esa fecha.

Al margen de los dos votos particulares con los que se han saldado los dos primeros avales a las condenas del Supremo por sedición -y en los que sin duda se apoyarán los líderes independentistas en su recurso ante Estrasburgo (habría sido deseable la unanimidad)-, los condenados pueden aprovechar la modificación en la composición del Tribunal para sembrar dudas sobre la resolución de sus recursos por parte de un Pleno cambiante, inestable y sujeto a vicisitudes como las citadas recusaciones.

En estos momentos el Pleno que estudia los recursos del 'procés' está compuesto por nueve magistrados. En él no están Narváez, Conde-Pumpido ni tampoco Fernando Valdés , quien salió del TC el pasado octubre tras su implicación en un caso de violencia de género . Su plaza no se cubrió precisamente porque en aquel momento se pensó que el acuerdo estaba cerca y se prefirió esperar a la renovación del tercio correspondiente.

Si González Rivas, Roca y Andrés Ollero salen en estos momentos y entran cuatro miembros nuevos, se alteraría la composición de casi la mitad del Pleno con la consiguiente paralización en la tramitación de los recursos a la espera de que los magistrados entrantes tengan que ponerse al tanto de los asuntos del tribunal y hacer un nuevo reparto de ponencias de los magistrados salientes.

De ahí la preocupación en el seno del TC por una renovación en la que no se cuente con estas derivada s. Sobre todo porque, transcurridos los peores momentos de la pandemia, durante la que se redujo la frecuencia de sus reuniones de forma drástica, el tribunal ya ha recuperado los dos plenos presenciales al mes. De hecho está previsto que hasta el 1 de agosto se celebren cuatro, a los que no se descarta que se sume alguno telemático.

Fuentes del TC estiman que para entonces se habrán resuelto un par de recursos de amparo más del 'procés', probablemente los de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart . Quedarían así pendientes cinco, entre ellos el del exvicepresidente Oriol Junqueras, que será el último . En paralelo a los recursos contra la sentencia que les condenó por sedición, hay otros recursos relacionados con el 'procés'' y no específicamente con la condena.

En el TC diferencian su situación de la del CGPJ. Creen que la del órgano de gobierno de los jueces es más complicada al haber vencido su mandato desde diciembre de 2018 y no poder hacer nombramientos tras impedírselo la reforma que entró en vigor a finales de marzo.

Aquí, sin embargo, se da una paradoja, que es que al tercio saliente se le ha descontado de su mandato constitucional de nueve años el tiempo que se tardó en nombrar a esos cuatro magistrados (un año y ocho meses) por falta de acuerdo. Es decir, a efectos legales su mandato venció en noviembre de 2019, pero si nos atenemos a la Carta Magna no lo cumplirían hasta este verano , pues llegaron al TC en julio de 2012.

La explicación está en la reforma de la Ley Orgánica del TC que se llevó a cabo en 2010 con el acuerdo de PP y PSOE ante sonoras discrepancias que provocaron que dos renovaciones del distintas casi se solaparan en el tiempo: la del Congreso y la de Gobierno y Consejo General del Poder Judicial. El TC se renueva por tercios cada tres años, o lo que es lo mismo, cada tres años cambian cuatro de sus magistrados a instancias de Congreso (4), Senado (4), Gobierno (2) y CGPJ (2).

Aquella reforma estableció en su artículo 16: «Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación». Fuentes próximas al TC aprecian una posible inconstitucionalidad de este cambio legal pero lo cierto es que nadie (ni siquiera los interesados) lo ha sometido al control de constitucionalidad de sus compañeros.

No se puede negar que el empeño en meter en el mismo paquete la renovación del CGPJ y del tercio del TC responde a una estrategia política, por cuanto el movimiento de unas fichas en el Supremo (el presidente del CGPJ lo es también del TS) condiciona la de otras en el TC y viceversa.

No en vano, en los últimos intentos de renovación del CGPJ sonó el nombre de González Rivas y de Encarnación Roca para presidir el CGPJ como también sonó el de Carlos Lesmes para el TC o el del magistrado del Supremo Pablo Lucas, cercano a Carmen Calvo, en ambos destinos.

Lo cierto es que hoy por hoy las opciones de González Rivas como presidente del Supremo se alejan, sobre todo a raíz de que con su voto de calidad dejara fuera de las listas del PP de Madrid a Toni Cantó y Agustín Conde, una decisión que coincidía con la del juez de lo Contencioso Administrativo impugnada pero que lógicamente no gustó en el entorno del partido que le propuso.

También dentro del TC hay quien apremia a que esa renovación se produzca. La salida de González Rivas dejará libre la presidencia del TC, a la que algún que otro miembro del Constitucional aspira. De ahí las crecientes tensiones que se están viviendo en el órgano de garantías en los últimos tiempos y que todo apunta a que se manifestarán más intensamente en los próximos meses.

El artículo 160 de la Constitución señala que el presidente del TC «será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en Pleno y por un período de tres años». No hay ningún veto para que cualquiera de los magistrados pueda optar a la Presidencia, pero tradicionalmente el presidente es elegido entre los miembros más antiguos.

En este caso , si se sigue esta ley no escrita, el nuevo presidente debería salir del próximo tercio que tiene que ser renovado y que inició su mandato en 2013, pero el problema que se puede plantear ahora es si por el retraso en la renovación de los cuatro salientes merece la pena nombrar un presidente para solo unos meses, pues el siguiente tercio tiene que salir en el verano de 2022, el año que viene.

Los más magistrados más antiguos serían los dos nombrados por el Gobierno y los dos del CGPJ. Teniendo en cuenta que uno de ellos, Antonio Narváez, llegó al TC después de sus compañeros (en 2015, tras la dimisión de Enrique López), los candidatos en liza serían Juan Antonio Xiol, por el sector progresista, y Pedro González Trevijano y Santiago Martínez-Vares por el sector conservador.

Más allá de la trascendencia del cargo, el presidente tiene un voto de calidad que en caso de empate en una votación igualada resultaría decisivo. Así, y en el supuesto de una falta de acuerdo para buscar un candidato consensuado, mientras los votos de los progresistas irían a la misma persona (Xiol), los conservadores tendrán que decantarse por un candidato seguro. En la pugna entre Xiol y González Trevijano, si la votación se saldara con un empate, ganaría el candidato de mayor edad -Xiol-. En la pugna entre Xiol y Martínez-Vares ganaría el segundo.