A Sánchez se le atraganta el Parlamento

Si hubiera que elegir una corriente filosófica con la que identificar la manera en que Pedro Sánchez navega entre las procelosas aguas de la política y de su propia inestabilidad parlamentaria esa sería la del estoicismo. Nada como el control de las emociones para evitar el sufrimiento innecesario, la aceptación de lo que no puede cambiarse y la admisión de que aunque no pueda controlar decisiones ajenas sí puede dominar su reacción ante ellas.

No es que el presidente viva con indiferencia embestidas como las que ha recibido esta semana en el Congreso, sino que lo que proyecta es una fortaleza interior con la que evita transmitir preocupación ante las perturbaciones por grandes que sean. Dicho de otro modo: Sánchez busca la paz mental a través de la perspectiva y la racionalidad. Y como él varios de sus ministros que tras un jueves negro en la Cámara Baja no se detienen en aquello que escapa de su control, sino en la convicción de que “por responsabilidad” deben seguir y aguantar hasta 2027. Hablamos –porque la semana ha dejado eso además del infame pacto de Mazón con Vox para atrincherarse en la Generalitat– de varias derrotas que el PSOE ha tenido en el Congreso y que delatan de un lado la oxidación de la mayoría que hizo posible la investidura y, de otro, la división entre los socios de coalición. 

La imprevisibilidad de Junts, la ofensiva de Podemos, la constante escenificación de las diferencias de Yolanda Díaz, la obsesión de ERC por distanciarse del PSOE tras haber investido a Salvador Illa y el aumento del gasto en Defensa comprometido con Bruselas han cerrado todas las vías a un posible pacto presupuestario. El Gobierno lo tiene decidido y asumido. Lo que falta es un debate a fondo en el sanedrín del presidente sobre si conviene políticamente o no llevar el proyecto de ley a las Cortes aun sin tener los apoyos “para que todos los grupos tengan que retratarse”, reconocen en la Moncloa. 

Elegir entre susto o muerte

La disyuntiva es elegir entre susto o muerte: o aguantar la presión por el incumplimiento o pasar por el calvario de un nuevo revolcón en el Parlamento por la falta de votos para aprobar las cuentas y que la oposición aproveche para ahondar aún más en la debilidad del Gobierno. Si algo juega a favor del PP es que ha logrado instalar en todo lo que hace o decide Sánchez un marco de anomalía y de bloqueo que no se corresponde exactamente con la realidad. Basta un repaso a la hemeroteca, la Constitución y las leyes para comprobar que lo que Feijóo hoy cree inmoral –por ejemplo, que el Gobierno no lleve al Congreso un aumento del gasto en Defensa– está en el ordenamiento jurídico y antes lo hicieron Mariano Rajoy, José María Aznar y Felipe González.

La fragmentación parlamentaria ha venido para quedarse y la lectura que en la Moncloa hacen de ello es que ante este escenario “unos están para lidiar con ello, dialogar, negociar y pactar como manda la lógica democrática y otros, como Feijóo, para hacer de profetas del Apocalipsis”. “El PP [enfatizan desde el gabinete del presidente] es incapaz de pactar con nadie, lo que en 2027, si consigue gobernar, se le volverá en contra”.

Sánchez trabaja ya, en todo caso, con el escenario de que gobernará todo 2025 con los Presupuestos que se aprobaron en 2022, en la anterior legislatura y con otro Parlamento. Una situación que no le aparta de su idea de agotar el mandato. Y aquí es donde los suyos echan mano del estoicismo para, además, defender que el de Sánchez es “el gobierno más estable de Europa”, lidiar con la realidad invariable de la actual composición del Congreso y seguir llevando a la Cámara “asuntos dignos para el país”.  

“Estamos en un contexto en el que cada partido tiene sus problemas y sus necesidades, pero es el PSOE quien tiene el BOE y los Fondos Europeos para gobernar, subir las pensiones, subir el salario mínimo (SMI) y mejorar la vida de la gente”, asegura un ministro de la parte socialista del Gobierno para quien España está, además, protegida con el Gobierno de coalición, ante la “ola anti woke” que recorre el mundo. El mismo interlocutor recuerda que desde la misma noche de las elecciones generales ya sabían “que la situación era la que era” y que la única pregunta de aquel 23 de julio era solo si sería posible la investidura. 

Feijóo pide elecciones ya

“Fue posible, cada día hay que hacer equilibrios, pero aunque desde hace siete años la derecha y sus terminales mediáticas alientan la tesis de que esto se rompe y que el gobierno cae lo cierto es que aquí seguimos porque ¿cuál es la alternativa?”, se pregunta. La alternativa para el PP son unas elecciones anticipadas que Sánchez no contempla porque a día de hoy los números anticipan una coalición de PP y Vox. Feijóo ha vuelto a pedirlas esta semana después de que, por un lado, Sumar votase a favor de una moción del BNG para rechazar el aumento del gasto militar y pedir la salida de la OTAN y, por otro, Junts ayudase a PP y Vox a tumbar la creación de la Agencia Estatal de Salud Público.

“Sánchez no puede hablar en nombre de su Gobierno, de su país y de su Parlamento. Viene a comprometer algo para lo que no tiene autorización, inversiones sin presupuestos y compromisos plurianuales sin aval del Congreso”, proclamó en Bruselas Feijóo tras asistir a la cumbre de líderes del PP europeo en la capital comunitaria, pese a que el Gobierno no está obligado a contar con el voto favorable de las Cortes para el aumento de gasto de Defensa. Si aun así decidiera hacerlo, estaría por ver si el PP como partido de Estado que se considera estaría dispuesto a apoyarlo.

En el horizonte cercano se atisban nuevos choques con Yolanda Díaz a cuenta del IRPF del salario mínimo porque la vicepresidenta ya ha anunciado que unirá sus votos a los del PP en la Mesa del Congreso para que decaiga el veto que el Gobierno ha impuesto a una iniciativa para que los perceptores del SMI estén exentos de tributación. Tampoco está previsto que los siete diputados de Carles Puigdemont vayan a entregarse en adelante al socialismo pese a que el PSOE haya cedido en la mayor parte de sus exigencias y colocado en algunos consejos de administración de empresas públicas a personas afines al independentismo.

A Sánchez se le atraganta, por tanto, el Parlamento, pero en su Gobierno defienden que pese a esta circunstancia “no hay cambios de fondo en las relaciones con los socios de coalición y tampoco con los aliados parlamentarios, más allá de la espuma que dejan algunas derrotas parlamentarias que no tienen efectos jurídicos”. “Ni Yolanda Díaz va a romper el Gobierno, como se encarga ella misma de decir en todas las entrevistas, ni a Junts le interesa que haya un gobierno de PP y Vox”, añade otro ministro para relativizar el jueves negro parlamentario.

De hecho, en estos días, la parte socialista del Gobierno se divide entre quienes tratan de restar importancia a lo ocurrido en el Congreso y quienes prefieren hablar del escándalo de la UCO, la supuesta unidad de élite de la Guardia Civil, que ha tenido que reconocer por escrito un “error” por el que atribuyó al exministro José Luis Ábalos la compra de un inmueble en Colombia por 2,1 millones cuando, en realidad, costó 751 euros. Lo hizo, eso sí, después de que el erróneo dato nutriera no pocos titulares de la prensa y varias tertulias televisivas. “Habría que haberla cerrado después de lo de Dolores Vázquez”, sentencia un ministro en referencia al caso de la otra víctima del asesinato de Rocío Wanninkhof a la que en los años 90 un país entero declaró culpable sin pruebas antes de ser juzgada y un tribunal, después, la condenó siendo inocente.

Quien así se expresa es de los que en el PSOE se quejan de vez en cuando de la existencia de una especie de teoría de la conspiración contra el Gobierno de la que participan medios de comunicación, algunos jueces y varios sindicatos y unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todos, según su opinión, responden a la llamada de Aznar del que pueda hacer, que haga. 

Confabulación o no, las decisiones de Sumar o de Junts no responden a más consigna que a la de intentar frenar la sangría de votos que las encuestas atribuyen a los de Yolanda Díaz y a la ausencia de poder institucional en Catalunya en el caso de los de Puigdemont. Que Díaz vista el traje de vicepresidenta por la mañana y por la tarde luzca el de oposición a su propio gobierno o que los de Puigdemont expriman al máximo sus siete diputados en el Congreso no es achacable, en absoluto, a una intriga concertada con la derecha y la ultraderecha. 

De hecho, en las últimas semanas la evolución de la relación entre Junts y el PSOE había mejorado después del acuerdo para la delegación de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat y el pacto alcanzado para el reparto de los menores inmigrantes no acompañados. De ahí que en las filas socialistas haya molestado especialmente el voto en contra de los de Puigdemont que hizo caer la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública que estaba pendiente desde la pandemia y que salvo Vox apoyaron todos los partidos durante el trámite parlamentario en comisión. 

Y tampoco se ha pasado por alto que Yolanda Díaz concediera una entrevista al programa de Ana Rosa, de Telecinco, para reafirmar su negativa a que el SMI tribute por IRPF, oponerse al aumento del gasto militar y defender la obligación del Gobierno de presentar los Presupuestos Generales del Estado ante el Parlamento, aunque no cuente con los apoyos para sacarlos adelante. “Una cosa es que tenga que marcar perfil propio y que haya que dejarle espacio y otra es que utilice el megáfono para ahondar en la herida”, se queja un diputado del PSOE que sufre cada semana las interferencias constantes del espacio de Sumar a las iniciativas del Gobierno. 

Pedro Sánchez trata de restar importancia a toda disonancia de Yolanda Díaz arguyendo “discrepancias históricas” en la izquierda en materia de Defensa y a su complicada situación dentro de una marca al que los sondeos atribuyen la pérdida de más del 50% de los votos que sumó en 2023. Es más, desde su gabinete comparan la situación del Gobierno ante la falta de Presupuestos con la que tienen otros gobiernos europeos y que sus opiniones públicas “viven con normalidad”. Algo que, por otra parte, también ocurre en comunidades autónomas gobernadas por el PP y no ha generado polémica alguna en la opinión pública ni en los medios de comunicación.