Universitarios denuncian represión por protestar contra Vox, por Gaza o la vivienda: "Es un patrón"

En las últimas semanas, estudiantes de distintas universidades de España han denunciado ser objeto de represión por parte de las fuerzas de seguridad. Casos como la acusación a varias alumnas en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por manifestarse contra Vox o la intervención contra miembros de la Organització Juvenil Socialista (OJS) en Alacant han encendido las alarmas en el ámbito universitario. 

Germán Garrido, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), sostiene en declaraciones a Público, que la reacción del estudiantado responde a un contexto de transformación en el ámbito educativo madrileño. Según afirma, se está impulsando un cambio de modelo que busca el descrédito progresivo de las universidades públicas y la promoción sin restricciones de las privadas. "El objetivo es convertir la comunidad en un laboratorio para un nuevo tipo de ingeniería social que, lejos de perseguir la calidad o la excelencia, acabará favoreciendo malas prácticas y restringiendo el acceso a un servicio público", advierte.

Garrido advierte además sobre el escenario financiero al que se enfrenta la universidad pública: "Está sometida a una infrafinanciación que amenaza con estrangularla, y se plantea una nueva ley que supedita su sostenimiento a fondos de inversión opacos o directamente inverosímiles". "No es una amenaza, es una realidad inminente", sostiene.

Enrique Díez: "Estamos asistiendo a un patrón sistemático de represión contra estudiantes que alzan la voz contra el fascismo y el genocidio"

El deterioro de los servicios públicos universitarios al que hace referencia Garrido, ha provocado la inminente reacción del estudiantado. En este sentido, Enrique Javier Díez Gutiérrez, catedrático de la Universidad de León, denuncia a Público que la represión contra el movimiento estudiantil responde a una estrategia de intimidación y criminalización de las voces críticas, especialmente aquellas vinculadas a la izquierda, el pacifismo y el antifascismo. "Estamos asistiendo a un patrón sistemático de represión −aún sigue vigente la conocida como ley mordaza, cuya derogación fue prometida por el actual Ejecutivo− a estudiantes que alzan la voz contra el fascismo, el genocidio y el militarismo", advierte el académico.

Díez cree que los estudiantes se han convertido en blanco de la represión política en el ámbito global. "En Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, se han recrudecido las políticas autoritarias, llegando a detener e incluso amenazar con la deportación a jóvenes que ejercen su derecho a la libertad de expresión, como es el caso de Mahmoud Khalil o Momodou Taal", señala. 

"En Europa, miles de manifestantes han sido arrestados o sancionados por alzar la voz contra el genocidio en Gaza. En España, numerosos estudiantes han sido objeto de sanciones disciplinarias por denunciar la complicidad del Gobierno con las acciones del Estado israelí contra el pueblo palestino", añade el catedrático. Díez lamenta que se esté alimentando un ambiente de tensión prebélica, "en el que la represión se convierte en una herramienta más dentro de una estrategia de miedo".

Las 'siete de Somosaguas': "Buscan intimidarnos"

En los últimos meses, estudiantes de diversas universidades públicas han denunciado un aumento de la represión. Uno de los casos más recientes tuvo lugar el pasado 24 de marzo, cuando seis estudiantes −en su mayoría integrantes de las organizaciones Contracorriente y el Sindicato de Estudiantes− y un trabajador de la UCM, fueron citados a declarar ante la Policía Nacional.

La comparecencia de las estudiantes, −conocidas ya como las siete de Somosaguas−, estuvo vinculada a su participación en una protesta pacífica realizada el 13 de febrero en el campus de Somosaguas, donde expresaron su rechazo a la presencia del exdiputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en la Facultad de Ciencias Políticas. La denuncia fue interpuesta por el colectivo ultraderechista Libertad sin ira, que les acusa de supuestos delitos de coacción, alteración del orden público y discurso de odio.

Bie, una de las 'siete de Somosaguas': "Es un ataque directo al conjunto del movimiento estudiantil, quieren intimidarnos"

Bie, de 19 años, es una de las militantes de Contracorriente, un colectivo juvenil que promueve el anticapitalismo, la revolución y el feminismo. También fue una de las activistas que participó en la protesta contra la presencia de Espinosa de los Monteros en Somosaguas. En declaraciones a Público, la joven denuncia que la extrema derecha pretende llevarlas ante los tribunales por rechazar sus discursos y políticas de odio. "Se trata de un ataque directo al conjunto del movimiento estudiantil. Buscan intimidarnos, pero no lo van a lograr", afirma con firmeza.

Bie explica a este medio que estos últimos años ha sentido una vulneración de sus derechos: "La Ley de Convivencia Universitaria (LCU) permite sanciones de hasta un año de expulsión a estudiantes por realizar actividades que supuestamente 'interrumpen la actividad docente' o 'alteran la convivencia en los campus'. En la práctica, esta normativa termina aplicándose contra quienes nos organizamos y militamos en el movimiento estudiantil". Como ejemplo, señala el caso de varias compañeras multadas por manifestarse contra la presencia de la embajada de Israel en la UCM el pasado curso, entre las que se encuentran integrantes de su colectivo, Contracorriente.

"El ataque en Somosaguas no es un caso aislado", advierte. Bie lo enmarca dentro de "una ofensiva represiva más amplia contra la juventud organizada", que también incluye "la persecución y encarcelamiento de los seis de Zaragoza, las seis de La Suiza o el rapero Pablo Hasél". Asimismo, denuncia que esta estrategia represiva "protege a una Policía que se infiltra en organizaciones sociales y en el movimiento estudiantil, y que además persigue con dureza a trabajadores y activistas sindicales en todo el Estado".

Protestas y hostigamiento en varias universidades

El de las Siete de Somosaguas, como ha mencionado la miembro de Contracorriente, no es el único caso de represión estudiantil en España. Además de los ya mencionados en este artículo, el pasado 17 de marzo, en la Universidad de Granada, dos estudiantes fueron objeto de represalias tras participar en una protesta contra la intervención de la exdiputada de Vox, Macarena Olona, en un coloquio sobre feminismo y derecho celebrado en la Facultad de Derecho. Los organizadores de la manifestación, que reivindicaron el carácter pacífico de su actuación, criticaron que se dé espacio a discursos que calificaron de "misóginos, racistas, tránsfobos, homófobos y antiobreros", en un contexto que, aseguran, responde al avance global de la extrema derecha.

Ese mismo día, en la Universidad de Sevilla, el jurista y exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías denunció la aparición de pintadas en su despacho, atribuidas a la Juventud Falangista Española, lo que fue interpretado como un nuevo episodio de hostigamiento ideológico. En una entrevista con Público, Urías aseguró que lo que más le preocupa de estos actos es la libertad de expresión. "Las pintadas en mi despacho son sólo un síntoma; una buena oportunidad para que empecemos a preguntarnos qué está pasando en las universidades", manifestó. 

Algo parecido vivieron el pasado 25 de marzo, en la Universidad d' Alacant, varias estudiantes que participaron en una mesa informativa sobre la manifestación contra el negocio inmobiliario del pasado 5 de abril. Las universitarias fueron identificadas por la Policía Local. Según denunció la Organització Juvenil Socialista (OJS) d’Alacant, la actuación policial fue motivada por un aviso de la empresa de seguridad privada Securitas, responsable de la vigilancia en el campus.

Yousra (OJS): "Quieren frenar cualquier forma de organización política autónoma por parte del estudiantado"

Yousra, militante de OJS, explica a Público que la Policía intervino en dos ocasiones en la mesa informativa que habían instalado en la universidad. Asegura que en ningún momento interrumpieron el funcionamiento habitual del centro y denuncia que el trasfondo de esta actuación "responde a un intento de frenar cualquier forma de organización política autónoma por parte del estudiantado". A su juicio, se enmarca en una dinámica de desarticulación de los movimientos estudiantiles y en una vulneración de derechos políticos, como el derecho a la libre organización, recogido en los propios estatutos de las universidades.

La reactivación del movimiento estudiantil

Nicolás Monterde, portavoz del movimiento estudiantil Abrir Brecha, asegura en declaraciones a Público que la Ley de Convivencia Universitaria (LCU) responde a un intento de frenar la creciente organización del estudiantado. "Es evidente que esta legislación no surge de la nada. No lo decimos solo quienes impulsamos este nuevo movimiento estudiantil; la propia ley deja ver que es una reacción ante el nuevo contexto en el que los estudiantes vuelven a organizarse con fuerza", explica. Y añade: "También busca dificultar respuestas como la que recibió Isabel Díaz Ayuso por parte de las estudiantes cuando fue nombrada alumna ilustre".

Nicolás Monterde (Abrir brecha): "Las medidas represivas quieren impedir que el movimiento estudiantil crezca y se consolide"

Según Monterde, la reactivación del movimiento estudiantil tiene uno de sus principales puntos de partida en la acampada interuniversitaria por Palestina del curso pasado. "Esa experiencia demostró que las estudiantes, organizadas, podían paralizar las clases, dejar de lado trabajos de fin de grado o máster, renunciar a exámenes... Estuvieron allí, día tras día, durante más de un mes", señala. "Quieren impedir que este movimiento crezca y se consolide. En la facultad de Somosaguas, por ejemplo, hemos tenido que soportar cómo los vigilantes de seguridad nos amenazan por algo tan básico como poner carteles", denuncia.

El portavoz de Abrir Brecha recuerda el reciente encierro de la Complutense por los recortes de Ayuso y destaca que movilizaciones como esa no solo fomentan espacios de encuentro y unidad entre estudiantes organizados, trabajadores, y también entre aquellos que no están sindicados o no forman parte de organizaciones. "Estas acciones no solo fortalecen la solidaridad, sino que también impulsan la creación de nuevas organizaciones estudiantiles", señala. A pesar de ser parte de una de ellas, Monterde subraya que le parece positivo que los estudiantes se organicen por sí mismos y asuman el control de sus propias estructuras. 

La represión, según Monterde, también es permitida y ejecutada tanto por el Gobierno central como por el rectorado y las autoridades universitarias. "Y se combate precisamente con organización estudiantil y con la intransigencia de los estudiantes por hacer lo que queremos", concluye.